/?section_id=5053

Que la gente decida

07/12/2015

Por: Juan Fernando Cristo

El presidente Juan Manuel Santos, sin estar obligado a ello, se comprometió con el país a que los acuerdos a los que se llegue con las Farc para dar por terminado el conflicto armado serían sometidos a refrendación popular. El Jefe de Estado es consciente de que estamos frente a una decisión que puede cambiar para siempre la historia de Colombia y que su adopción requiere el mayor consenso posible. Por eso ahora ese compromiso político se elevó a rango constitucional, al condicionar la implementación de los acuerdos a la aprobación ciudadana de estos en el acto legislativo especial para la paz que discute el Congreso.

Las Farc han insistido en una constituyente y el Presidente ha explicado que ese no sería un mecanismo de refrendación, sino que reabriría todas las discusiones que llevamos dando tres años en La Habana. El referendo obliga a que se pregunte a los ciudadanos cada tema por separado, lo que haría imposible usarlo para este caso no solo por lo dispendioso, sino porque el acuerdo es un todo que, de aprobarse, produce el resultado de terminar el conflicto, pero que, de adoptarse una parte y otras no, en la práctica impide avanzar.

En medio del debate, algunos congresistas presentaron un proyecto de ley estatutaria para adoptar reglas especiales a fin de que se convoque un plebiscito para hacer la refrendación. El Gobierno decidió apoyar esta vía, con modificaciones de fondo al proyecto inicial, porque cumple las condiciones que creemos son indispensables: que los ciudadanos puedan votar libremente sí o no para aprobar o improbar el acuerdo definitivo; que la pedagogía sea sencilla y que el requisito de participación esté acorde con la reglamentación de la mayoría de los mecanismos que trae la ley y que resulte alcanzable de acuerdo con la tradición de participación política colombiana. Estamos cerca de poner punto final al conflicto de más de 50 años con las Farc y se necesita, como se hizo con anteriores procesos, tomar decisiones excepcionales que permitan consolidar los acuerdos.

En resumen, se quiere cumplir la promesa de dejar en manos de los colombianos la decisión de aprobar o no el acuerdo. Algunos opositores del proceso de paz prefieren que el mecanismo sea complejo para que la discusión sea complicada y la gente no pueda decidir, sino que al final los requisitos sean tan altos que no se tome una decisión, así en la práctica equivalga a no poder implementar el acuerdo.

El proyecto contiene un umbral de aprobación, es decir que se exige que quienes están por el ‘sí’ obtengan un mínimo de votos que equivale al que necesitarían para ganar si se exigiera la participación de la cuarta parte del censo electoral. En cambio, quienes estén por el ‘no’ no requieren ese mínimo de participación. Si, por ejemplo, votaran siete millones de personas y la votación se dividiera casi por partes iguales pero el ‘sí’ superara por un pequeño porcentaje al ‘no’, no habría aprobación, pero si el que ganara fuera el ‘no’, se entendería negado. Al contrario de lo que dicen los opositores, los del ‘no’ arrancarían con ventaja; los del ‘sí’ tienen no solo que ganar, sino además alcanzar un mínimo de votos que no se les exige a los opositores. Además, el umbral de decisión estimula la participación ciudadana, mientras que el de participación, por el contrario, promueve la abstención.

Los ciudadanos podrán escoger libremente, y la formula que se estudia en el Congreso facilita que la decisión sea a voto limpio, sin triquiñuelas para dificultar la participación de la gente; que se entienda fácilmente cuál es la alternativa, pero que además refleje el momento excepcional que estamos viviendo, que, por supuesto, requiere de reglas excepcionales: para acabar una guerra, que es una situación anormal, no son suficientes las reglas ordinarias.

Los críticos del proceso podrán salir a hacer campaña por el ‘no’ con plenas garantías, y si triunfa su posición, cualquiera que sea el porcentaje, el Gobierno aceptará el pronunciamiento de los colombianos.

JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior

Tomado de EL TIEMPO www.eltiempo.com