/?section_id=5053

Llave maestra del posconflicto

31/03/2016

Por: Fernando Carrillo Flórez

Se han revelado preocupantes cifras sobre la magnitud de la desigualdad en América Latina y en Colombia. Y las recetas caducas del populismo sacan la cabeza de nuevo, mostrando espejismos para combatir un mal que parece global. Ello es así porque se sigue insistiendo en la visión puramente economicista del problema. Al final se entenderá que la pobreza y la desigualdad se miden de otra manera: no solo como carencias de ingreso o déficit de riqueza, sino como falta de voz, derechos y participación. Es decir, como un problema de justicia, que tiene raíces políticas.

Se quiere ignorar, por ejemplo, que el marco institucional de la justicia y las decisiones judiciales pueden conjurar con gran efectividad los peligros que trae la desigualdad. Esta es obstáculo para la consolidación democrática, genera inestabilidad política y se deriva con claridad de la falta de acceso a la justicia. La desigualdad es la falla geológica de los sistemas políticos de la región más desigual del mundo, que es América Latina. Y en ese campo, las instituciones judiciales cumplen una función menos simplista que aquella de Robin Hood de los populismos. Porque para lograr la vigencia de los derechos de los ciudadanos se requiere de un sistema de justicia eficaz, digno, moderno y accesible. Una dimensión ignorada por Piketty y su coro de lisonjeros.

Vigorizar la justicia como sistema social implica fortalecer la capacidad de la sociedad para resolver los conflictos sociales. Ella es demasiado relevante como para dejarla solo en manos de los abogados o del cumplimiento de simples formas y vacuas ritualidades. De allí se concluye que si el propósito de la búsqueda de la paz en Colombia tiene que ver con pasar de la terminación de un conflicto armado a la resolución de un conflicto social, la justicia debe ser la llave maestra del posconflicto. El acceso a la justicia deberá ser redimensionado en el imaginario ciudadano como un derecho alcanzable, no como un lujo de pocos.

Porque, al fin y al cabo, la justicia transicional, como su nombre lo indica, es coyuntural, mientras que los problemas de igualdad ante la ley, de inclusión social y de justicia por la propia mano perdurarán en las zonas del conflicto si no se actúa en el ámbito local de la microjusticia. No es coincidencia que la exclusión más típica en materia de justicia se da precisamente en la ruralidad. Por desgracia, la justicia en el campo no se da silvestre.

Pero también se deben complementar, interactuar y combinar la justicia local y la global. Hoy más que nunca, la dimensión internacional que tiene la lucha por los derechos humanos no va a soslayar su furor, por ejemplo, frente a las acciones del terrorismo. Eso debe comprenderlo una guerrilla que cree que el tiempo es eterno para la negociación y que la magnanimidad de la justicia internacional avalará con los ojos cerrados un arreglo que intente legitimar la barbarie.

La justicia es un instrumento eficaz para combatir la desigualdad. La función del juez es hacer efectivos los derechos de la gente, como lo dejó claro la Constitución de 1991. No una simple enumeración de derechos, sino la construcción de una escala de valores que deje atrás la impunidad y la ley del más fuerte. Por eso la reforma de la justicia es reforma social, y los sistemas modernos de protección social están fundados en los derechos. Hoy tampoco es necesario probar empíricamente que una justicia que promueva inclusión y seguridad jurídica es fórmula indispensable para generar crecimiento y desarrollo.

En síntesis, y para congoja de muchos parlamentarios, como puntualizó el gran Kelsen, no puede haber legislador sin juez, pero sí juez sin legislador.

Fernando Carrillo Flórez, exministro de Justicia e Interior

Tomado de El Tiempo www.eltiempo.com

Foto: El Tiempo