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El dividendo de la paz

08/03/2015

Por: Jan Martínez Ahrens

La historia es una cosa que suele suceder en el futuro. En Colombia lo saben bien. Después de medio siglo de guerra, gran parte del país contiene el aliento a la espera de que las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno traigan la paz. La partida es compleja. Su principal patrocinador, el reelecto presidente Juan Manuel Santos ha puesto todo su crédito político en el tablero y ha logrado avances. Pero después de dos años, el futuro aún se hace esperar. El diálogo ha entrado en su fase más espinosa, y a nadie se la escapa en Colombia que los próximos meses serán claves para lograr el gran acuerdo que permita a esta nación de 48 millones de habitantes deshacerse de sus fantasmas y liberar todo su potencial económico.

No hay una hoja de ruta fácil. El propio Santos fue en su momento el ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Como tal, asestó los más duros golpes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y como halcón del uribismo, ganó su primer mandato. Pero no se quedó ahí, pronto evolucionó hacia otras orillas, abrió en Cuba el diálogo con sus enemigos y logró, ya como antagonista de su antiguo mentor y ahora furibundo adversario, una segunda legislatura. “Hay un tiempo para la paz, hay un tiempo para la guerra”, ha sentenciado Santos.

El viraje no ha sido accidental. Silenciar los fusiles es una vieja aspiración colombiana. El actual diálogo de La Habana supone el cuarto intento de poner fin a un enfrentamiento que ha traído consigo más de 220.000 muertes, seis millones de desplazados y el colapso de vastos y ricos territorios. Demasiado daño para que no se perciba el hartazgo en los tambores de guerra. Las FARC, cada vez más acorraladas, han dejado de soñar con vencer al Estado, y el Gobierno es consciente de que, tras medio siglo de combate, Colombia sueña con respirar tranquilamente. No se trata sólo de un cálculo militar: en esta búsqueda del bienestar, al argumento ético y político, se ha ido sumando cada vez con más fuerza el factor económico.

Aunque lastrado por un PIB per cápita de apenas 8.000 dólares, por detrás de México, Brasil o Argentina, el país se ha convertido en un motor de esperanza regional. Su economía, con un aumento medio del 4,5% en los dos últimos años, figura entre las de mayor pujanza de América Latina. La inflación se mantiene en niveles mínimos y la inversión extranjera, un buen termómetro de la estabilidad política, no ha dejado de crecer, a tal punto que el intercambio con la Unión Europea, según el Gobierno, se ha disparado un 25% en un lustro. Frente a la recesión argentina y el perenne electroshock venezolano, Colombia se ha vuelto un territorio apetecible. Un espacio donde la desaparición del conflicto armado puede desatar enormes energías.

Contenida la metástasis del narcotráfico, los dividendos que generaría el fin del enfrentamiento constituyen, desde hace meses, uno de los temas favoritos de conversación de los economistas. Un estudio de la Universidad de los Andes establece que, si se acabase con el conflicto, el PIB de Colombia avanzaría en ocho años lo que, con la actual situación, tardaría 18. En otras palabras, el país ganaría de golpe una década de crecimiento.

Otras investigaciones, como la del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), indican que el adiós a las armas, aparte de aumentar el PIB, tendría un efecto en cadena sobre las estructuras productivas, entre ellas, la propiedad de la tierra, con la recuperación de 800.000 hectáreas.

“Los beneficios de la superación del conflicto ya se están empezando a percibir. La inversión extranjera está aumentando en la minería y el sector energético. Y, a medida que retroceda la violencia, crecerá el consumo, y grandes extensiones del país se abrirán al uso productivo, es decir, al turismo o la agricultura, sin necesidad de mucho gasto”, explica Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javierana y director del Cerac.

“La violencia ha alejado la inversión, desplazado mano de obra y concentrado la propiedad de la tierra en unos pocos inversionistas que la usan como lotes de engorde. Los desplazados han creado franjas de miseria en las ciudades a las que no llegan los mínimos servicios públicos”, comenta el director general del diario económico La República, Fernando Quijano: “De cerrarse un acuerdo duradero con las FARC, el sector más beneficiado sería el agroindustrial, aumentarían las inversiones en cultivos, industria y explotación pecuaria; pero el avance palpable no se daría antes de cinco años”.

Para el Gobierno, la paz tiene cifra: equivaldría a un crecimiento añadido de uno a dos puntos del PIB. Una auténtica inyección de adrenalina para una economía cuya capacidad, aunque tocada por la crisis del crudo, seguirá aumentando este año entre el 3,5% y el 4%; más del doble de la media prevista para América Latina. En este contexto, los costes que puede acarrear el proceso tampoco intimidan a Colombia. “No es exagerado decir que parte de la paz se pagará sola, con el mismo dividendo que arrojará el fin del conflicto”, afirma el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Este margen de maniobra viene sostenido, según los analistas del Banco Mundial y del FMI, por la constante reducción de la deuda pública y su buena salud monetaria.“Tienen espacio para manejar los riesgos. Si se logra el fin del conflicto aumentará la generación de empleo y se reducirá la tasa de pobreza. Van a necesitar invertir en el mundo rural, pero eso revertirá en un mayor crecimiento. La paz, a largo plazo, será muy productiva”, dice el gerente del Banco Mundial en Colombia, Issam Abousleiman.

El león colombiano, pese a sus problemas estructurales de pobreza y desigualdad, está dispuesto a dar el salto. Desde el Gobierno se espera que este año sea el que marque la divisoria. Tras medio siglo de violencia, el potencial económico de la paz funciona como un acicate de ese objetivo, pero los peligros que acechan en el umbral son numerosos. El diálogo ha alcanzado la zona médular. El desarme, la desmovilización y la reintegración, así como la reparación de las víctimas y la denominada justicia transicional (es decir, qué futuro penal aguarda a los guerrilleros) forman cada uno por sí mismos laberintos de enorme complejidad. El riesgo de punto muerto está latente, y a nadie se le escapa que un sector de la sociedad colombiana, azuzado por el implacable uribismo, es aún contrario al pacto.

“No se puede terminar simplemente en un acuerdo político donde cada quien se va para casa y no pasa nada. ¿Cuál va a ser la diferencia esta vez? Tiene que haber una disposición de todos a reconocer la responsabilidad que les cabe, que nos cabe por el conflicto, una disposición a rendir cuentas. Hemos llegado al punto crítico del proceso”, ha dicho el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Caramillo Caro.

La presión es fuerte. Nunca ha desaparecido el temor a un gran atentado y el espectro de décadas de guerra, con su secuela de brutalidad por ambos lados, forma parte del paisaje negociador. Pese a ello, los observadores más agudos reconocen que jamás se había llegado tan lejos, tanto que una marcha atrás, un retorno a la época del plomo, es prácticamente imposible. “Incluso si fracasan las negociaciones, las FARC no volverán a ser lo que eran. Estamos ante un cierre progresivo de la violencia guerrillera, ante una noción de paz mínima, negativa, pero efectiva”, sostiene el profesor Restrepo.

El proceso, en este horizonte, adquiere un nuevo valor. No se trata sólo de que se superen los escollos de la justicia transicional y la reparación de las víctimas. Aún en el caso de que las negociaciones se prolonguen más allá de 2015, el simple descenso de la violencia, el alejamiento de la barbarie, bastará, según los expertos, para detonar la economía y afianzar sus frutos. En el tablero ya están puestas todas las fichas. En manos de las FARC queda elegir entre el pragmatismo o la locura; en las de Santos persuadirles y lograr que, después de tanto pasado violento, el futuro se haga presente. 

Tomado de El País Internacional - España. www.elpais.com