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¡Cuánto cuesta reconocer!

23/10/2015

Por: Álvaro Sierra Restrepo

Pocos anuncios del Gobierno y las Farc han enfurecido a los críticos del proceso de La Habana como los recientes acuerdos de justicia y de búsqueda de desaparecidos. La razón no es, como dicen, que dan impunidad a las Farc. Es que lo acordado los pone a todos ante lo más duro: el reconocimiento de responsabilidades.

El expresidente Uribe reaccionó ante las que considera capitulaciones a las Farc. Tronó el Procurador. El expresidente Pastrana tiró la puerta de la Comisión de Paz con una carta incendiaria. El Centro Democrático declaró el acuerdo sobre desaparecidos “una burla a la justicia y una ofensa a las víctimas de las Farc”.

Esa es la retórica. En realidad todos ellos –y muchos colombianos de a pie– creen que solo las Farc deben salir mojadas de la piscina de la responsabilidad. Ese ha sido el mantra del uribismo: la culpa del conflicto armado (y de todo lo malo en Colombia) es de unos narcoterroristas malos enfrentados a una democracia buena.

Esa narrativa ha hecho carrera. “Buena parte del país creía que la justicia transicional sería para investigar y sancionar los crímenes de las Farc”. Así interpretaba hace poco un editorial del diario El Colombiano a quienes se oponen a que el Estado, sus agentes y otros particulares compartan responsabilidades en la génesis, el desarrollo y, sobre todo, la horrenda degradación del conflicto armado.

El problema es que esa democracia no ha sido tan buena.

Todas las cifras muestran que la desaparición forzada es al Estado lo que el secuestro es a las Farc. La Unidad de Víctimas registra 45.515 víctimas directas de ese crimen y más de 110.000 familiares. El Procurador, con todo su celo, llevó a la Corte Penal Internacional un inventario de 2.760 presuntos casos atribuibles a las Farc; Justicia y Paz ha expuesto otros 7.020 de los paramilitares: eso suma 10.000. Habría que preguntarle al Procurador en qué parte del camino a la Corte se le quedaron las 35.500 desapariciones restantes (sobre las cuales tienen no poco que decir el Estado y sus agentes, bajo su presunta vigilancia).

Por años, la desaparición fue una práctica cuasi legal y la indolencia oficial para responder a las víctimas, escandalosa. Muchos de los que reclamaban por ella fueron a su vez desaparecidos. Y la impunidad: qué tal los 30 años del Palacio de Justicia. Por algo Humberto de la Calle recordó que el Estado tiene responsabilidad y que la desaparición involucra a todos, guerrilleros, paramilitares y agentes estatales.

De ahí el revuelo. El gran problema de los críticos no es que se indignen por la (muy presunta) impunidad para las Farc; es todo lo que les cuesta reconocer que en Colombia ni el Estado es impoluto ni la democracia, angelical.

En eso se parecen los extremos. Las Farc también han tenido su propia narrativa candorosa: por casi tres años, presentaron al Estado como máximo responsable y a sí mismas como víctimas primigenias. Sin embargo, pocos se atreven a reconocerles que han evolucionado. Con el acuerdo de justicia, aceptaron pasar por un proceso judicial: es decir, asumen que, en el marco de la rebelión, hicieron cosas imperdonables. Y con el de desaparecidos se comprometieron a entregar restos; o sea que admiten que hay secuestrados muertos en cautiverio y miembros de la Fuerza Pública raptados por los que deben responder.

¡Cuánto cuesta reconocer! Pero de eso se trata: renunciar a las justificaciones heroicas y disponerse a la humildad de un proceso, un perdón y una reparación. La diferencia entre la negociación y la victoria es que el reconocimiento no se impone; se pacta. Y es de todos, no solo de una parte. El acuerdo de justicia y el de desaparecidos sugieren que las Farc (y el Gobierno) así lo asumen. ¿Lo asumirán los demás?


Álvaro Sierra Restrepo
cortapalo

Tomado de El Tiempo www.eltiempo.com